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viernes, 14 de marzo de 2014

UN COMENTARIO.-
LA ADMINISTRACIÓN Y EL CIUDADANO.-

En la actualidad te ves obligado, una y otra vez, a judicializar la vulneración de cualquier derecho. La postura de la Administración, por llamarla de algún modo, ya que administrar administra cada vez menos, salvo para aquello que implique para el ciudadano el pago de multas, impuestos y sanciones, consiste en utilizar un sistema formulario de negación de derechos, con apariencia de contenido, que sirve para denegar un recurso, para rechazar una prestación o para cualquier otro tipo de supuesto en el que ese ciudadano pudiera tener acceso a algún cobro o evitar algún pago.
Cuando la voracidad recaudatoria gana tanto terreno, se pierde el sentido común y sobre todo lo que se pierde es la justicia. No puede existir justicia en un sistema inmensamente burocratizado, que planta muros, uno detrás de otro, para que el ciudadano sea incapaz de saltarlos. La Administración administra con un sistema de –agotamiento-. Los propios funcionarios, cuando acudes a las oficinas para realizar cualquier tipo de reclamación o para defenderte de los abusos, te miran con perplejidad, incluso en algún caso, pocos, todo hay que decirlo, te aconsejan extraoficialmente para que tus pretensiones puedan tener algún éxito, ya que su moral les obliga a decir algo. Ven tantas barbaridades, que en algún momento su incomodidad les obliga a orientar tus pasos en una dirección, al menos en apariencia, algo más segura, aún a sabiendas de que incluso en ese caso, tus posibilidades de éxito son nulas.
Hemos vuelto a la –ventanilla del manguito-, a la cola larga de la paciencia; mientras que los medios tecnológicos aparentan abrir puertas nuevas y más eficaces, pero eso, es mentira.
La Administración hoy, en un alarde de modernidad, introduce las declaraciones, recursos y solicitudes por vía informática, hasta tal punto, que no exista otro medio para acceder a sus oficinas, o implanta sistemas para que sea enormemente difícil.
Hoy ya existen muchos trámites que no se pueden hacer de otro modo distinto que no sea con un ordenador. Eso reduce el número de funcionarios, impide la utilización de formulas extensas que te permitan exponer tus pretensiones, teniendo que utilizar modelos miniaturizados y sin fondo legal, no te garantiza la recepción en muchas ocasiones y te obliga a realizar múltiples esfuerzos por acceder a páginas web que no funcionan o que funcionan mal, facilitan la superación de los plazos para reclamar y generan un descontrol notoriamente diferente a la supuesta regla de ordenación y control que parece crear la tecnología. Coloca en definitiva al ciudadano, en manos de la Administración, para que recorte sus derechos, incremente sus obligaciones y haga más difícil su vida; sobre todo utilizando su dinero.
A todo lo anterior, hay que añadirle el incremento de los costes de los trámites administrativos, las tasas y las garantías. Una verdadera locura administrativa que es incompetente, ineficaz, que representa un permanente abuso de la ciudadanía, que no puede tener voz y que de un modo, siempre desproporcionado, tiene mucho que perder para que gane la Administración. No olvidemos que quien administra es quien gobierna.
Cuando de un modo desesperado te ves obligado a decidir, ante los embargos de tus cuentas o el silencio formulario de tus reclamaciones, si tienes que acudir o no a los juzgados y tribunales, tienes que pensarlo bien, ya que las tasas judiciales, las costas y los honorarios de los Letrados, que no pueden trabajar de balde, son anuncios para que tengas miedo y te decidas por claudicar.
Esta situación ha llevado en éste país, supuestamente de derecho, aún a pesar de los muchos desistimientos, a la judicialización permanente de las reclamaciones, lo que se ha convertido en una aventura aún más dolorosa si cabe, ya que los Juzgados, saturados de expedientes, con muy pocos medios, se ven obligados a soportar una carga que el Ministerio de Justicia no soluciona y una demanda presentada hoy, puede empezar a dilucidarse a los dos años. Como ejemplo, pueden citarse las demandas laborales, en las que las citaciones para juicio se dilatan de tal manera que para cuando puedas entrar en una sala, la empresa obligada al pago se ha extinguido, la invalidez pretendida ha acabado con el reclamante o el despedido ha llegado a la desesperanza y a la ruina.
¿Cómo se puede enjuiciar un accidente de tráfico después de tres años?. ¿Quién se acuerda de lo que paso?. En una herencia, el debate de los herederos no tiene mucho sentido, ya que las tierras han sido arrasadas por un tornado y las casas embargadas.
Entre tanto, en los procedimientos Administrativos, la maquinaria de la administración sigue. Cualquier debate pretendido por el ciudadano, que implique una obligación de pago para el mismo, sigue caminando y las posibilidades de suspensión son tan reducidas, que la mayoría acaban optando, aún sabiendo de la injusticia que sufren, por pagar de modo aplazado lo que les es posible, antes que entrar en un Juzgado, en el que la moneda de la suerte da vueltas y vueltas y no acaba de caer durante mucho y mucho tiempo.
En una separación, puede ocurrir cualquier cosa, que te divorcien cuando solo querías separarte porque alguien se equivoco de impreso o modelo de sentencia.
Ahora, en los registros civiles, te quieren cobrar también por comunicar la muerte de tu madre.

Ya sé que estos comentarios son, una vez más, palabras y palabras sobre lo mismo y que no cambian mucho las cosas, pero al menos me esfuerzo por ser consciente de lo que ocurre y en cuanto tengo oportunidad, dejo constancia de ello, ante la oficina administrativa, ante el Juzgado o ante quien pueda escuchar.

Es cierto que el Juez y el oficial, muchas veces son solo mensajeros, pero ¡Ya está bien!, ¿Qué hacer?.

Por lo demás, soy de los que pienso que no se debe abandonar ningún derecho. Cuando te ves obligado a hacerlo hay que recordar todo lo que tuviste que alimentarlo. Dejarlo en el desierto del olvido, para que se muera de sed y de hambre, no tiene sentido.

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